El PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO, con motivo del tratamiento del paquete de leyes enviados por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, bajo la denominación de “Democratización del Poder Judicial”, EXPRESA:
1. Su más firme y expreso rechazo a la Modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, la creación de Cámaras de Casación Federal y Nacional, la Modificación del Régimen de Ingreso de Personal al Poder Judicial de la Nación, la Regulación de las Medidas Cautelares, por los siguientes motivos:
2. Los referidos proyectos de leyes SON manifiestamente INCONSTITUCIONALES, por VIOLAR lo establecido en la Constitución Nacional en los siguientes artículos: 16 (igualdad) 18 (Garantías del Debido Proceso y Defensa en Juicio), articulo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos –art.75 inc.22,- art. 114 (Consejo de la Magistratura) articulo 129 (Potestades y jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
3. El Proyecto de Modificación del Consejo de la Magistratura, lisa y llanamente afecta la imparcialidad en el sistema de selección de Jueces Federales como en el mecanismo de Acusación de los mismos por ante el Jurado de Enjuiciamiento; ello, por establecer la elección de los representantes de los abogados, jueces y ámbito científico por parte de los partidos políticos presentados listas de los mismos en las elecciones primarias, provocando la politización del Consejo de la Magistratura, al hacer depender la designación de abogados, jueces y académicos de los vaivenes de la política nacional. Distorsionando el sentido, y espíritu que tuvieron los constituyentes nacionales al reformar la Constitución Nacional en el año 1994. Como así también, es reprochable constitucionalmente el cambio de las mayorías requeridas para seleccionar los postulantes para jueces y para acusar a jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
4. En lo que hace a la creación de las Cámaras de Casación Federal y Nacional- fueros Civil, Comercial, Contencioso Administrativo, del Trabajo y Seguridad Social, significa introducir una TERCERA INSTANCIA en los procesos federales, que trae como consecuencia la mayor burocratización de la justicia, y torna en ilusorio, en el tiempo, la obtención de una Sentencia definitiva como integrativa de la garantía del debido proceso que a todo ciudadano se le debe asegurar por imperio de lo establecido en el artículo 18 de la C.N. Y además, en lo que hace a la competencia de la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires significa el avasallamiento de las potestades y jurisdicción reconocida a esa Ciudad por el artículo 129 de la C.N.
Por ello, exigimos al Gobierno Federal que proceda a efectuar la inmediata transferencia de los Tribunales y Competencias Nacionales que existen hoy en jurisdicción del Poder Judicial de la Nación, y que corresponde a la Justicia Ordinaria de la Ciudad, a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que se concluya con el traspaso iniciado lentamente con el Fuero Penal. Todo ello, para que los argentinos dejemos de pagar y soportar el gasto de funcionamiento de la justicia ordinaria de la Ciudad, que es resorte exclusivo de los vecinos de Buenos Aires, y que en el Presupuesto General de la Nación para el año 2013 importa la suma de $2.327.049.308, solo en personal.
5. El avasallamiento más grave a las libertades personales de los argentinos, lo constituye, sin lugar a dudas, pretender regular y trabar el otorgamiento de MEDIDAS CAUTELARES en procesos en donde el Estado Nacional o sus entes descentralizados sean demandados en juicio, por los ciudadanos que tienen afectado un derecho por el acción del Gobierno Nacional. Se viola manifiestamente las garantías constitucionales de ACCESO A LA JUSTICIA , DEBIDO PROCESO, IGUALDAD , DERECHO DE DEFENSA Y AL RECURSO JUDICIAL (arts. 16,18, C.N. y art. 25 Convención Americana Sobre Derecho Humanos –art.75 inc.22 C.N.). Se quiebra en forma injustificada e irracional el principio de igualdad prescripto en el articulo 16 Constitución Nacional, al otorgársele un privilegio desmedido a favor del Estado en el caso de ordenarse medidas cautelares para resguardar derechos vulnerados de los ciudadanos, en contra de actos u omisiones del Estado. Todo ello, al establecerse MAYOR REQUISITOS para el otorgamiento de las cautelares, y desnaturalizarlas al darle la posibilidad al Estado de oponerse antes del que el Juez la otorgue. Lo que, podría afectar el existo de la medida, e inclusive conculcarse el derecho constitucional cuya tutela se pretende con la medida cautelar.
La violación al principio-valor de la igualdad constitucional que se verifica con el proyecto de ley que regula el ingreso del personal al Poder Judicial de la Nación, que pretende igualar a todos los postulantes, sin importar el puntaje que obtengan, es lisa y llanamente violar el requisito de la “idoneidad” en el acceso a los cargos públicos prescripto en el artículo 16 de la Constitución Nacional, pues, todo concurso de capacidades debe concluir con el nombramiento del más apto es la finalidad que se persigue con la clausula constitucional.
Por eso la DEMOCRACIA CRISTIANA insiste en que una AUTÉNTICA REFORMA JUDICIAL, que es NECESARIA, requiere de un DEBATE DEMOCRÁTICO AMPLIO y HORIZONTAL, de todos los sectores de la Sociedad Argentina, en donde se incluyan temas tales como:
Ampliación del número de Tribunales para la agilización de la Administración de Justicia.
Concursos de personal para garantizar la real idoneidad en los cargos mediante examen con tribunales integrados por docentes universitarios, en donde se respeten las capacidades de los postulantes, con prioridad en las personas con capacidades diferentes.
Ampliación y descentralización de la estructura judicial para acercarla a la ciudadanía.
Creación del Defensor del Pueblo de la justicia para resguardar los derechos de los ciudadanos, con independencia de las potestades del Ministerio Publico.
La incorporación gradual de los procesos orales en la tramitación de los juicios en todos los fueros de la Justicia Federal, para terminar con la acumulación de toneladas de expedientes.
Introducir los Jurados Populares en los procesos penales en el ámbito Federal, en especial para los casos de corrupción de funcionarios públicos, como ya sucede en algunas Provincias.
NO DEJEMOS QUE EL ÁRBOL NOS TAPE EL BOSQUE
Juan F. Brügge
Presidente Junta Nacional
Partido Demócrata Cristiano
