Manifiesto de la Junta Promotora Nacional del Partido Demócrata Cristiano, fechado el 24 de septiembre de 1955, titulado: “El Partido Demócrata Cristiano al pueblo y al gobierno”
El Partido Demócrata Cristiano celebra la terminación del régimen político que ha dividido a los argentinos, llevando el odio, la corrupción, la violencia, la delación y la mentira al seno del trabajo y de la familia. Ese régimen reconoció como causa fundamental el planteo reaccionario que las clases dirigentes tuvieron hasta 1943, la promoción de los gobiernos de fuerza, el desconocimiento del orden jurídico, la hipocresía democrática que condujo a la crisis de las instituciones republicanas, la insensibilidad de los gobernantes ante los reclamos populares, su incomprensión ante la angustia del mundo del trabajo, su ineficacia para establecer la justicia social, su errada política económica, su prepotencia policial y el desinterés de mucha gente honesta por la cosa pública.
Ha caído para siempre la segunda tiranía que ensombreciera la República. Los atropellos a todos los derechos inherentes a la persona humana, el desprecio a su dignidad, manifestado en asesinatos, torturas y exilio de los que quisieron evitarlo; la destrucción del gobierno de la ley; los ataques a la moral con la corrupción organizada de las costumbres; el desconocimiento del derecho de propiedad privada; la aniquilación de la libertad sindical, conversión de los gremios en agencias de propaganda partidista y la digitación de los dirigentes obreros; la formación y enriquecimiento de una nueva oligarquía; la persecución religiosa, la conversión del adversario político en enemigo de la Patria; la destrucción del régimen republicano, representativo y federal; el despilfarro de los dineros del pueblo; el incendio del pabellón nacional para utilizarlo como argumento político; el asolamiento, profanación y saqueo de los templos; la pretendida entrega de nuestras fundamentales fuentes de riqueza a empresas extranjeras para conjurar la crisis económica, son baldones que el régimen depuesto no podrá justificar jamás.
Al rendir homenaje a todos los que pagaron con sus vidas, su libertad y sus bienes en esta gesta de liberación y de recuperación de la decencia argentina; a los héroes anónimos y conocidos, civiles y militares, de esta rebeldía amasada durante doce años con grandes dolores y esperanzas, y que culminara con la valiente acción de las armas nacionales, el Partido Demócrata Cristiano, al mismo tiempo que expresa su júbilo, hace presente la necesidad de meditar y sacar conclusiones de tan amarga experiencia.
Aun cuando la Democracia Cristiana afirma que la solución para los problemas políticos no está en los golpes de estado y sabe que la omnipresencia del militarismo en las funciones gubernamentales es nociva para la vida institucional, no puede sino regocijarse con el movimiento de liberación, atenta la amenaza de destrucción definitiva de la posibilidad de vida civilizada en nuestro país que el régimen derrocado significaba y ante los sanos propósitos expuestos por el gobierno provisional.
El olvido de la justicia social impulsó a una parte del pueblo argentino a tolerar la supresión paulatina de las libertades, para procurar alcanzar aquélla.
Frente a los que ostensible o encubiertamente sueñan con menospreciar las conquistas sociales, afirmamos nuestra decisión de defenderlas sin arbitrariedades, pero sin vacilaciones. Dichas conquistas, sagradas para el pueblo argentino, no sólo deberán ser respetadas, sino llevadas a su máxima realización conscientes de que la hora que vive el mundo es la de la promoción de la clase trabajadora.
El Partido Demócrata Cristiano entiende que el gobierno provisional, para satisfacer las aspiraciones de la ciudadanía, deberá esencialmente, en el corto lapso de su gobierno, ajustar sus actos a las siguientes direcciones: respeto y acatamiento de la Constitución Nacional, cuya reforma no deberá emprender, pues esa tarea sólo puede ser hecha en una época de normalidad institucional; formación de un gabinete apolítico, pero integrado por hombres cuya capacidad, honestidad y reconocida fe democrática los ponga a cubierto de cualquier sospecha de intereses partidistas, tendencias totalitarias o traición a los intereses populares; represión enérgica de los saboteadores de la libertad, del trabajo y de la justicia social; supresión de las leyes represivas y de las que atenten contra la unidad de la familia y la indisolubilidad del matrimonio; libertad de enseñanza y plena autonomía universitaria; información del actual estado económico, social y financiero del país y realización de un censo integral e inventario de sus bienes y riquezas; confección de nuevos padrones electorales, sustitución de la actual ley de los partidos políticos por un régimen que permita la participación de las nuevas fuerzas políticas y establezca una nueva reinscripción de los afiliados; modificación del régimen electoral, estableciendo la representación proporcional; prohibición de que en las próximas libres elecciones que constituyan los poderes del país puedan ser candidatos los que han ocupado cargos dirigentes en el gobierno depuesto; investigación y juzgamiento de la actuación de los magistrados y funcionarios salientes; retorno de la función policial a su labor específica de custodia del orden civil y de los derechos ciudadanos; reorganización del Poder Judicial, devolución de su independencia natural e integración de sus tribunales, especialmente de la Corte Suprema y de los Tribunales del Trabajo, con magistrados que tendrán un claro sentido jurídico y social.
En la dura tarea del restablecimiento de la democracia en la República, el gobierno provisional deberá estar atento y consciente de la importancia de los riesgos que lo acechan: el comunismo, infiltrado en los organismos gubernamentales, en la vida sindical y en los medios de información y propaganda, que hoy intenta capitalizar la lógica preocupación de quienes miran con desconfianza a la revolución triunfante; el nacionalismo, aún aquél que hoy se disfraza de democrático, que so pretexto de amor a la patria y a la religión, las desvirtúa en su esencia humanista y universal, y que ya en dos oportunidades, las anteriores revoluciones argentinas de este siglo, impidiera con su aprobación el restablecimiento de la libertad y de la democracia y el logro de la justicia social; la mentalidad reaccionaria conservadora incapaz de nuevas creaciones, insensible ante la cuestión social y defensora de injustos privilegios.
Esta es la revolución del pueblo argentino, y ningún partido, tendencia o fracción puede pretender, sin fallar a sus más elementales deberes cívicos, en esta hora de unidad nacional, convertirla en medio para la consecución de los fines de su grupo político. Los partidos políticos constituidos y en formación deberán entrar a participar del futuro gobierno constitucional por las puertas de comicios libres y no por los boquetes dejados por el cañón.
Que la concordia y la paz retornen al seno de los hogares, a los lugares de trabajo, a las calles, a las plazas y a los templos para que, sin distinción de colores políticos y con la activa participación de todos los ciudadanos, mujeres y hombres, construyamos una Patria justa y libre. No es esta la hora de la violencia, sino la de la tolerancia; ni de la venganza, sino la de la fraternidad. Como expresión de un anhelo popular y como demostración de sus propósitos, el gobierno provisional deberá disponer a la mayor brevedad la destrucción, en acto público solemne, de los instrumentos de tortura que sirvieran hasta ayer, como otrora, a los fines de la tiranía.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 1955.
Junta Promotora Nacional del Partido Demócrata Cristiano
Salvador F. Busacca, Juan T. Lewis, Carlos Juan Llambí, Manuel V. Ordóñez y Juan José Torres Bas.
(Publicado en “Avanzada, al frente de la sociedad en el espacio y en el tiempo”, órgano oficial del Movimiento de Avanzada Social Cristiano, Año 1 Nº1, Bs. As., 4 de noviembre 1955, página 3)
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