Manifiesto de la Junta Promotora Nacional del Partido Demócrata Cristiano, fechado el 11 de julio de 1955 y hecho público el 13 de julio de 1955, titulado: “La Democracia Cristiana Argentina al pueblo y al gobierno”
La Democracia Cristiana es un partido político con base doctrinaria, que está en la conciencia del país y que sólo reclama las libertades esenciales para constituirse y actuar.
No llega para desplazar a ninguno de los partidos existentes. A todos los saluda y reconoce lo que han hecho por el progreso de la república. Viene a ocupar un puesto que cree vacante y a dar satisfacción a un ansia ciudadana: el deseo de acción dentro de la corriente que exponemos, de una gran parte de nuestro pueblo, celosa esta vez de participar en la vida política del país. Pensamos que tal estado de espíritu es uno de los frutos buenos de la conmoción de estos últimos años.
El país está pasando una de las grandes crisis de su historia. La primera fue la crisis de la independencia, que se desarrolla entre los años 1810 y 1816; siguió la de la organización nacional, que nos lleva hasta 1860. Dió paso a la crisis política, cuya solución la inician las elecciones que comienzan en 1912. El comienzo de siglo plantea la crisis social.
La crisis social no ha sido creada sino sólo exacerbada por el gobierno actual. La produjeron el creciente desarrollo económico del país, la mayor conciencia del pueblo trabajador, la difusión de ideologías que giraban en su torno y el abandono culpable de los núcleos dirigentes. Los problemas que ella trajo no han sido resueltos: lo impidió el fraude político en que vivimos desde hace más de veinticinco años, la desconfianza en nuestras instituciones y la ceguera de muchos; y actualmente el menosprecio gubernativo por la libertad, los derechos humanos y el orden moral. No hay posibilidad de solución mientras todos no comprendamos adecuadamente este hecho fundamental, lo sintamos hondamente en nuestras almas y nos unamos sin rencores ni desconfianza en una gran cruzada de salud nacional. Todo en este momento es posible en nuestro país: así la instauración de un colectivismo imperialista y esclavizante, como de un verdadero orden social que permita vivir con la dignidad que corresponde a los hombres libres. ¿Cuál es la salida que elegiremos?
¿En que consiste la crisis social en que nos debatimos? Es una crisis moral y una crisis de las instituciones sociales. El mundo ha abandonado los principios que crearon la civilización occidental para instaurar un orden inhumano, contrario a las legítimas aspiraciones de la persona y a su vocación trascendente al tiempo. A la libertad, presupuesto necesario de toda acción humana, se la ha puesto como fin y no como medio para lograr la felicidad. El desconocimiento del derecho de los hombres a los beneficios de la civilización, los ha precipitado a entregarse a los gobiernos de fuerza para conseguirlos, con lo que ha nacido la disgregación de la sociedad y el monstruo del Estado moderno, fuera del cual todo lo que existe le está sujeto.
No creemos que la buena dirección es patrimonio exclusivo de lo que se llama oposición en el país. Tampoco admitimos que la mayoría de los afiliados a los movimientos oficiales desean que las conquistas a las que tienen derecho sean dádivas gubernamentales al precio extremadamente costoso e inaceptable de la libertad personal y sindical. Los problemas que la crisis que analizamos presenta, superan las distinciones partidarias y obliga a los partidos y a las instituciones a definir claramente su posición para que sepamos donde estamos y con quienes se puede emprender la gran tarea de integración nacional.
Para contribuir a realizarla aparece la Democracia Cristiana como partido político en formación.
Al decir que es partido político manifiesta que es una agrupación libre de ciudadanos, cuya misión la integran la formación cívica del país, la investigación de los problemas y soluciones nacionales, y la participación en el gobierno de la República.
Como partido democrático se pronuncia abiertamente, sin retaceos de ninguna especie, por ese régimen político, que lleva implícito en sí la posibilidad de su progresiva perfección.
Al agregar cristiano manifestamos su finalidad, confesando nuestra concepción del mundo temporal. A la situación en que se encuentra el mundo moderno lo ha llevado al olvido de los principios del cristianismo. No es abandonándolo más que nos salvaremos, sino volviendo a su imperio en las almas y en la acción. Sólo con el concepto realmente cristiano del hombre, la familia, la sociedad civil y el Estado constituiremos la sociedad nueva, fecunda en realizaciones individuales y comunitarias que beneficien a todos.
Cristianismo significa, pues, en nuestra denominación ese horizonte doctrinal. Lejos de nosotros el pensar hacer un movimiento confesional, en el cual sólo los católicos tengan cabida: no lo queremos, y lo repudiamos en el plano político. La Iglesia no nos dirige, no sólo porque no lo quiere, en la indiferencia que guarda para todos los regímenes políticos, sino también porque queremos resuelta y lealmente dejarla al margen de las contiendas cívicas para que pueda cumplir su propia misión. Por ello, para formar parte de este movimiento, el ser católico no es condición; sí la conciencia plena con el ideario con que vamos caracterizándolo.
Este movimiento viene de lejos: aparece en los hombres de Mayo; se manifiesta en la Asamblea de 1813 y el Congreso de Tucumán; vive en Gorriti y en las más fundamentales de las Palabras Simbólicas de la Asociación de Mayo; lo niega Rosas y la tiranía; brilla esplendente en la Constituyente de 1853, cuyo Presidente Zuviría se proclama a sí mismo demócrata y cristiano; se va realizando a través de varias de las presidencias posteriores; y su verbo, luz y energía en Esquiú, Frías y Estrada y su legión, las enseñanzas de los cuales y cuyos testimonios de vida han formado nuestras inteligencias e inspirado nuestra conducta. Puede decirse que siempre que la República ha seguido la dirección histórica que hoy representamos, ha habido paz y progreso; y en la medida que se ha tergiversado, abandonado o negado, las calamidades han llovido sobre el país.
La Democracia Cristiana parte de la naturaleza del hombre. El hombre es lo único eterno en la Creación; todo pasará, él no pasará nunca. Por ello es el centro de todo; y Estado, sociedad, familia, escuela, economía, sindicato, están a su servicio.
No hay régimen posible, no sólo humano ni siquiera civilizado, si se niega al hombre el acceso a la verdad o se le coarta la libertad para conseguir la justicia.
La libertad es una e indivisible. No hay libertad religiosa sin libertad política: el incendio de los templos lo ha probado terminantemente; ni libertad política sin libertad económica: la revolución social en que vivimos y los regímenes totalitarios que padece el mundo lo demuestran paladinamente.
Este régimen de libertad lo niegan igualmente el liberalismo individualista y anarquizante, que lleva al libertinaje y la revolución, y el colectivismo económico con su economía dirigida. Estamos contra uno y contra el otro: contra el primero, porque niega la naturaleza humana, desconoce a Dios, disgrega la sociedad y produce el proletariado; contra el segundo, porque además de todo ello esclaviza al pueblo.
Estamos resueltamente por el régimen de libertad económica y decididamente en contra de esa excrescencia que violando el orden económico, negando el orden moral, viviendo del espíritu de lucro y valiéndose del monopolio, ha producido la degeneración histórica que ha dado en llamarse capitalismo moderno.
La libertad así entendida nos lleva también a la afirmación de la necesidad que esa libertad produzca la Justicia. Libertad y Justicia, he ahí uno de los lemas de nuestro partido y la opción en la que el mundo se encuentra. Un orden social sano debe armonizarlas.
Ni libertad para morirse de hambre, ni justicia que beneficie a una parte sola del pueblo. El mundo del trabajo exige participar en la vida de la comunidad. Esta exigencia se basa en la prioridad y dignidad del trabajo, el primer servido que debe existir en todo sano orden económico. Ilusión e injusticia sería pretender desconocer las conquistas alcanzadas por el pueblo trabajador. La Democracia Cristiana no sólo las defenderá siempre y contra quien sea, sino que procurará darles toda la efectividad posible, mediante el mejoramiento social. Más aún convencida como está que la cuestión obrera no es sólo cuestión de salario sino de dignidad herida, tiene como uno de sus deberes, la promoción de cuanto conduzca a su misma satisfacción.
El hombre tiene ciertos derechos que le son propios, pues le han sido dados con su naturaleza y que conoce por el testimonio de la conciencia: tales son el derecho a la vida y a la integridad física y espiritual, a adorar a Dios y a servirlo, la libertad de enseñanza, la asociación con fines útiles, la fundación de una familia sobre la base del matrimonio monogámico e indisoluble; el derecho de elegir el trabajo, el salario justo y la participación en la empresa; la propiedad y la expresión de las idea. Estos derechos son anteriores al Estado y la Sociedad, y su mención en las Constituciones y leyes no significa su concesión sino el reconocimiento de su preexistencia. Es a través de esos derechos, que los hombres logran su felicidad, fin de su acción.
Para la Democracia Cristiana, la sociedad tiene como objeto el bien común de todos, bien común que no puede realizarse negando los bienes particulares de cada uno de sus componentes: no hay Estado rico con ciudadanos pobres, ni socialmente justo porque gocen de ellos sólo los miembros del grupo oficial. Por ello deben promoverse, respetarse y ayudarse todas las organizaciones intermedias: municipio, provincias, asociaciones profesionales y de trabajo, asociaciones familiares, escuelas, entidades culturales y partidos políticos, que integran con la debida jerarquía el orden social. De su vitalidad particular nace la salud del cuerpo social.
El Estado es un ente ético. Su función es la de la protección y coordinación de los derechos humanos. Está al servicio del hombre; no puede hacer lo que éste solo o con su ayuda puede realizar. En el resto puede obrar pero sólo supletoriamente, esto es como gerente o intérprete del hombre al que sirve. El Estado sano, es un Estado legítimo y no fraudulento, coordinador y no absoluto y lo más posible descentralizado; lo contrario es el totalitarismo.
El hombre en razón de su trascendencia y eternidad pertenece por vocación y destino a otra sociedad que la del tiempo. Esa sociedad es la Iglesia. Estado e Iglesia son dos sociedades igualmente perfectas en su orden propio y cuya armonía, dado que tienen los mismos miembros, es necesaria para que la vocación humana se cumpla y la Iglesia realice plenamente su misión.
La Fe no es de jurisdicción del Estado, que no es definidor de la verdad teológica. La Fe no es materia de sometimiento sino de convencimiento. Por lo tanto, debe el Estado el respeto máximo al diálogo del hombre con Dios, y debe, cualquiera sea la forma en que el hombre lo realiza, aunque la crea errónea, tolerarlo civilmente. En cumplimiento de sus fines debe procurar por todos los medios que reine la paz religiosa a fin de que fructifique el mensaje que Dios deposita en cada alma.
Por último, afirmamos que la Nación Argentina forma parte de la sociedad supranacional e integra la colectividad histórica y jurídica de las naciones americana. La aparición de éstas permitió dividir la historia del mundo en dos partes: el Viejo y el Nuevo Mundo. Nuevo Mundo cuyas características esenciales son que todos sus pueblos se han dado un régimen democrático de gobierno y creen en el mismo Dios.
Los principios que acabamos de exponer necesitan, para llevarse a la práctica, su reconocimiento por la ley. Nuestra República tiene la felicidad que su Constitución Nacional los contiene a casi todos, permitiendo, a través de su reforma, adecuarla al resto. La constitución es la partida de nacimiento jurídico de nuestra patria y la carta de unión de los argentinos. Por ello la Democracia Cristiana será siempre su defensora acérrima y decidida promotora de todas las posibilidades que contiene. La Constitución celosamente observada y lealmente cumplida, en espíritu y en verdad, es el cimiento imperecedero de la reconstrucción nacional.
El Presidente de la República ha invitado a todas las fuerzas políticas a “acuerdos para que sea posible la convivencia y coexistencia política en el país”. Con la franqueza que será una de las características de nuestra acción, pero con el respeto que es norma de convivencia, debemos decirle que así como su acción decidida y enérgica ha sido uno de los elementos determinantes para la realización de las conquistas sociales de que en buena hora goza el pueblo trabajador, su personalismo y su menosprecio de los derechos constitucionales han sido el obstáculo máximo para que esa tarea pudiera haberse cumplido en la libertad y la paz. Como hombres “responsables y de buena voluntad” venimos a manifestar nuestra posición. Hubiéramos deseado hacerlo en el pleno ejercicio de nuestros derechos: sólo se nos concede entrar a exponerla por la puerta de servicio, pero no desperdiciaremos esta ocasión de hablar al Gobierno y al Pueblo.
Creemos que el país vive en un estado de tensión insoportable que nos está asfixiando. El odio que se ha venido predicando en estos años, la agudización artificial de la lucha de clases, la división del país en justos y réprobos, la desconfianza de los desposeídos en la buena fe de los demás, la violencia reinante, en fin, ha producido la explosión trágica del pasado mes. Siempre que se impide el ejercicio pacífico del deber de defender lo que todo derecho importa, se abre el camino a la fuerza y a la destrucción.
La Democracia Cristiana nunca ha inspirado, ni participado, ni ejecutado ninguna de las conmociones de que el país ha sido teatro en los últimos tiempos; y es partidaria de la convivencia en la paz y no de la violencia.
Por ello manifiesta, como condición fundamental de esa convivencia, retomando uno de los mandatos de nuestra historia, que el pasado debe clausurarse definitivamente, perdonándonos cristianamente unos a otros los errores cometidos y abriendo la nueva era con la proclamación de que “no hay vencedores ni vencidos, sino sólo argentinos unidos fraternalmente para siempre”. Un gran movimiento de solidaridad nacional tomará a su cargo la indemnización de los perjudicados de todas las revueltas y en todos los bandos. Con ese espíritu y abominando de todo lo que sea odio, división y desconfianza, estableceremos la base primera de la concordia nacional.
La conciencia social además siente que hay cosas que están definitivamente muertas y otras que deben morir. Pensar en volver a la situación anterior al 4 de junio es imposible y absurdo; pretender mantener la situación política actual es contrariar el anhelo general: ni restauración ni continuismo. El pueblo exige superación, entendiendo como tal un nuevo orden social y político que recogiendo de los anteriores todo lo que tengan de aprovechable, permita que el país sea el país de la verdadera libertad, la justicia social y el progreso de la comunidad .
El cumplimiento de esos dos puntos desbrozará el camino para las otras medidas que deben tomarse.
Una de ellas es la vigencia plena de la Constitución. Ello permitirá el ejercicio de los derechos humanos y el encarrilamiento de la vida política. Pero esa vigencia debe ser real y efectiva. Desgraciadamente debemos afirmar que sus derechos y beneficio han sido sistemáticamente negados, durante los últimos años y en mayor o menor proporción, a todos los argentinos. ¿Cuántos presos ha habido sin que se les haya sometido a proceso? ¿Cual domicilio ha sido sagrado para la autoridad? ¿Dónde están los argentinos que niegan la libertad religiosa? ¿Qué movimiento popular pidió el divorcio? ¿A quién satisface el régimen educacional vigente? ¿Por qué un ciudadano honesto necesita certificado de buena conducta para trabajar, dar examen o viajar? ¿Donde están la prensa y radio libres? ¿Es que no constituye motivo de vergüenza nacional la existencia de exiliados? ¿Por qué los datos estadísticos son secreto de Estado? ¿Es posible haber usado el lenguaje del insulto y la diatriba continua como lenguaje oficial? ¿Por qué se prohíbe sistemáticamente el diálogo entre los argentinos? ¿A qué ha quedado reducida la independencia judicial y legislativa? ¿En que está la dignidad del trabajador que no se satisface sólo con un salario, por más justo que sea? ¿Dónde están los dirigentes sindicales cuyos nombramientos proceden de elecciones libres? ¿Cómo se compagina la austeridad administrativa y la honestidad personal con la fortuna de muchos de los nuevos capitalistas argentinos?
La vigencia de la Constitución Nacional requiere entonces para que sea verdadera, que el acento se ponga , en estos primeros pasos, en todo lo que se refiere a la seguridad personal. No olvidemos las enseñanzas de nuestra historia: tres de los primeros decretos de la Junta de Mayo consagraron el derecho de petición, la libertad de prensa y la seguridad personal.
Por último, considera la Democracia Cristiana que el alma del país está agitada por la angustia, el rencor y la desconfianza, y que necesita tiempo para llegar a la tranquilidad de la que nunca debió salir. Se recobrará la calma, lentamente, con un cambio fundamental de espíritu y en proporción al aporte de todos para restablecer la concordia nacional.
Por ello supuestas las otras condiciones es necesario también que aquel uso de la totalidad de las libertades que pertenecen de pleno derecho natural y jurídico a todos y cada uno de los argentinos, se haga con moderación y prudencia, con un gran sentido de la responsabilidad social. Así salvó Urquiza al país después de la dictadura de Rosas, no obstante las críticas de los exaltados; y así se han hecho los movimientos de concordia a través de la historia universal.
Al dejar así manifestada su posición la Democracia Cristiana hace cuestión de sistema y de espíritu; menos cuestión de personas. En esta tarea deben participar todos los hombres, cualquiera haya sido su posición política en el pasado, con tal que acepten ese planteamiento. Sólo deben quedar excluidos aquellos que han cometido los delitos penados por nuestras leyes y que deberá sancionar la Justicia.
Ya está dicha nuestra palabra. Ella señala lo que creemos debe hacerse por el Gobierno y por el Pueblo. El señor Presidente de la República gusta decir: “mejor que decir es hacer; mejor que prometer es realizar”. Cumpla su lema: suprima los elementos que causan la discordia; y que su palabra vaya seguida de los hechos que todo el país anhela. Si así lo hace, habrá concordia. El Pueblo, del que procedemos y al que amamos, cumplirá indefectiblemente con lo que le corresponde por que lo exigen la Justicia, la Paz y la Patria.
Adelante, pues, en unión de ideales y esperanzas.
Buenos Aires, Julio 11 de 1955
Por la Junta Promotora Nacional del Partido Demócrata Cristiano
Salvador F. Busacca, Juan T. Lewis, Carlos Juan Llambí,
Manuel V. Ordóñez y Juan José Torres Bas.
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